Regularización migratoria: cuatro desafíos que permanecen en Mesoamérica y El Caribe

 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, República Dominicana
5 Abril, 2022

 

En 2021, la OIM desarrolló el Estudio Regional Programas y procesos de regularización migratoria, que realizó un inventario de estos en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y la República Dominicana. Para 2020, estos ocho países contabilizaban 2,9 millones de personas migrantes entre su población.

 

Por la naturaleza misma del tema, es imposible contabilizar cuántas de estas personas se encuentran en condición irregular. Sin embargo, contrastando cifras de personas devueltas por autoridades migratorias en México (149,982 solo en 2019) y personas que optaron por no responder sobre su estatus migratorio en un sondeo realizado por la OIM en Tapachula (45%), se puede estimar que la cifra es de varios cientos de miles de personas.

 

En ese contexto, el estudio encontró 57 iniciativas de regularización activas en los países en cuestión. De estas, 24 habían sido creadas explícitamente para personas en condición irregular, mientras que el resto les beneficiaban tangencialmente al permitirles presentar su documentación.

 

El principal criterio utilizado para permitir regularización es la existencia de vínculos familiares, pero también existen programas que utilizan los criterios de temporalidad de estancia (permitir la regularización a personas que ingresaron o permanecieron en el país en fechas específicas), permisos laborales y beneficios a nacionalidades específicas.

 

A pesar de estos avances, el estudio identificó cuatro grandes desafíos que deberán ser abordados en los próximos años para garantizar una mejor gestión de la migración en la región:

 

1. Costos altos: los programas de regularización suelen requerir el pago de un monto por el concepto del trámite y el pago de multas por irregularidad. Adicionalmente las personas suelen incurrir en gastos, ya sea para representación legal, transporte a las oficinas de gobierno y   obtención o traducción de algunos documentos. Los costos elevados fueron identificados por todos los informantes clave como la principal limitación para que las personas puedan tener acceso a su regularización.

 

2. Procedimientos complejos: no todos los países poseen información centralizada, que sea accesible y esté disponible en varios idiomas. Por estas razones, existe confusión entre las personas migrantes sobre los trámites y requisitos.

 

3. La gente cae en la irregularidad otra vez: es común que en los procesos de regularización se generen amnistías de costos o multas, pero estas no se mantienen para subsecuentes renovaciones. Adicionalmente, la renovación se requiere con una periodicidad muy elevada, puede exigir documentos difíciles de conseguir y ser un trámite que sea realiza en menor cantidad de oficinas. En consecuencia, la investigación encontró que es común que las personas vuelvan a caer en la irregularidad después de su regularización.

 

4. Algunos procesos facilitan la regularización, pero no la integración de las personas migrantes. Es decir, otorgan un documento de identidad legal, pero impiden el acceso a servicios o al mercado laboral, limitando las contribuciones que pueden realizar las personas migrantes en los países receptores. Para conseguir maximizar todos los beneficios de la migración resulta necesario considerar la integración como un seguimiento a la regularización migratoria.

 

¿Le interesa conocer más sobre este tema? Lea la investigación completa aquí.